Luego de los sismos de septiembre de 2017 que afectaron nueve estados, el Gobierno federal pidió a la Sedatu levantar un censo de daños para reconstruir viviendas. Pero la Auditoría Superior de la Federación detectó en la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2017 que la dependencia titulada entonces por Rosario Robles Berlanga no realizó uno «suficiente y confiable», ya que presentó registros duplicados y no obtuvo información de todos los municipios afectados.
Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en la Cuenta Pública 2017 irregularidades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), titulada por Rosario Robles Berlanga, tras los sismos del 7 y 19 septiembre de 2017 en el levantamiento del censo de daños para reconstruir viviendas.
El 7 de septiembre de 2017, ocurrió un sismo con magnitud de 8.2 grados y el 19 se presentó otro de magnitud 7.1 grados. Las entidades federativas afectadas fueron Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
«La Sedatu no contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos destinados a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de la población afectada por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017», informa el órgano fiscalizador basado en su dictamen emitido el 24 de octubre de 2018.
En la integración del censo y padrón de beneficiarios, las tres bases de datos proporcionadas por la Sedatu presentaron campos con datos duplicados que debían ser identificadores únicos, como folio, cédula, código de barras, CURP, coordenadas y dirección de las viviendas.
«En conjunto las tres bases de datos tenían 191 mil 365 registros duplicados en la información de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, los cuales no fueron aclarados por la dependencia, por lo que se careció de información confiable», observó la Auditoría.
Respecto al levantamiento de información de los municipios que se encontraban listados dentro de las declaratorias de desastre natural y de emergencia extraordinaria, solo llevó a cabo el proceso en el 52.4 por ciento de los municipios y delegaciones afectadas (377 de los 720 municipios y delegaciones listados).
Además, la Sedatu únicamente obtuvo información del 3.7 por ciento de las viviendas (172 mil 026 de las 4 millones 654 mil 095 viviendas existentes) y 4.2 por ciento de la población (742 mil 182 de los 17 millones 817 mil 859 habitantes).
Por lo anterior, la Sedatu «desconoció el diagnóstico» de los daños en las 2 millones 451 mil 407 viviendas y 8 millones 750 mil 407 personas que habitaban en los 343 municipios que no fueron censados y que contaron con declaratoria de desastre.
En relación con la coordinación para realizar el censo de los daños del fenómeno natural, la Sedatu señaló que «el sismo del 19 de septiembre rebasó la capacidad institucional para coordinarse en la evaluación de los daños».
Para los estados afectados ese día, se realizó la verificación y evaluación de daños con el uso del dispositivo móvil (DM) en 61 mil 630 viviendas en la Ciudad de México; Estado de México; Guerrero; Morelos; Oaxaca (Mixteca), y Puebla.
Pero, dijo el dictamen, la Sedatu no acreditó con soporte documental la definición y validación de la implementación de los DM por el subcomité de vivienda correspondiente.
Para la validación de daños, se instalaron 10 Subcomités de Evaluación de Daños para el sector vivienda, que atendieron a 401 municipios, el 55.7 por ciento de los 720 con declaratoria de desastre natural o de emergencia extraordinaria, sin que la secretaría explicara las causas de la falta de inclusión de 319 municipios.
En el caso particular de Tlaxcala no se instaló ningún subcomité, aun cuando se identificaron municipios afectados y con declaratoria. En las actas de cierre de los subcomités se validaron 75 mil 945 viviendas afectadas y 26 mil 963 daños reconocidos como estructurales, sin que este tipo de daño se correspondiera con los definidos en la normativa. No coincidieron con las 172 mil 026 viviendas afectadas que la Sedatu integró como diagnóstico definitivo de daños y que afirmó haber entregado al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Respecto de la programación de apoyos, la Sedatu remitió 15 oficios al Bansefi, con lo cual programó la entrega de 127 mil 094 apoyos (73.9 por ciento) para la reconstrucción y rehabilitación de las 172 mil 026 viviendas afectadas.
Los apoyos se entregarían en Guerrero (3,490 apoyos); Veracruz (7 apoyos); Morelos (15,801 apoyos), Chiapas (46,773 apoyos) y Oaxaca (61,023 apoyos), sin acreditar la información de Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México.
Para el sismo del 19 de septiembre, la dependencia solo utilizó dos de los seis criterios establecidos en los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales y que eran necesarios para la priorización, por lo que no concretó esta actividad.
LAS IRREGULARIDADES DE BANSEFI
La Auditoría Superior de la Federación encontró fallas durante la participación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en el otorgamiento de apoyos a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Para la atención prioritaria en las zonas afectadas y la restauración de los daños ocasionados, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debió integrar un censo y padrón de beneficiarios, y al BANSEFI le correspondió la entrega y la ministración de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a los damnificados, a fin de programar y priorizar los apoyos para la reconstrucción de las viviendas.
No obstante, «los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 no accedieron de forma eficiente, oportuna y completa a los recursos del FONDEN destinados para reconstruir los daños parciales o totales causados a sus viviendas por parte del BANSEFI, debido a la ausencia de disposiciones normativas para regular el servicio de dispersión de recursos».
La Auditoría observó que la regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al Bansefi acerca del proceso de entrega de apoyos «presentó problemas de oportunidad», ya que previo a los sismos no existía normativa que regulara la atribución de la Banca de Desarrollo para la distribución de ayuda ante fenómenos naturales.
Las modificaciones a su marco normativo para regular su actuación se emitieron 192 días naturales posteriores al 2 de octubre, fecha en la que inició la ministración de recursos, y 130 días naturales después de su investigación.
